Se activan 55,99 millones de euros para modernizar regadíos en la Comunidad Valenciana

Se activan 55,99 millones de euros para modernizar regadíos en la Comunidad Valenciana

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) destinará 55,99 millones de euros del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) para la modernización de regadíos sostenibles en la Comunidad Valenciana.

Se han formalizado en Valencia 3 convenios para invertir 18,3 millones de euros en actuaciones en las comunidades de regantes de la Acequia Real del Júcar y Llíria, en la provincia de Valencia y Vall de Uxó, en Castellón. Concretamente, se pretende digitalizar y automatizar el riego para ahorrar agua, posibilitar el uso de aguas regeneradas para conseguir más recursos disponibles y reducir costes energéticos con plantas solares fotovoltaicas.

 

En la Fase I del Plan de Recuperación puesto en marcha en la actualidad, el MAPA calcula modernizar un total de 32.454 hectáreas de regadíos sostenibles en la Comunidad Valenciana, beneficiando así a 25.546 regantes.

El Presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig Ferrer, ha asegurado que las inversiones comprometidas en los convenios firmados servirán para seguir manteniendo a la agricultura valenciana a la cabeza del sector.

Por su parte, la Delegada del Gobierno, Gloria Isabel Calero Albal, ha recordado que “entre la Fase I y la Fase II del Plan de Recuperación, la Comunidad Valenciana recibirá un total de 103 millones de euros de los fondos Next Generation para modernización de regadíos, lo que supondrá el 13% de la inversión total nacional”.

La Federación de regantes pide a Hacienda un IVA del 10% para el suministro de energía al regadío

La Federación de regantes pide a Hacienda un IVA del 10% para el suministro de energía al regadío

La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido a Hacienda un IVA reducido del 10% para el suministro de energía al regadío, después de que el Gobierno haya prorrogado las medidas fiscales para reducir la factura de la luz y de que la Unión Europea haya acordado flexibilizar la normativa sobre el IVA.

Este IVA reducido supondría un abaratamiento del 30% en la factura eléctrica de los agricultores, en el caso de que la medida se acompañara de la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas al año, como se ha recogido recientemente en la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Los regantes lamentan no poder disfrutar aún de la doble potencia debido a la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), responsable del desarrollo reglamentario de esta disposición, que ya se incluyó en la Ley de la sequía de 2018 y en la enmienda aprobada en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Para Fenacore, este ahorro supondría un balón de oxígeno para un sector que ocupa el segundo puesto de consumidores de energía en España, únicamente por detrás de ADIF, y que se encuentra asfixiado, entre otras cosas, por las diferencias entre los costes de producción y los precios de venta. Fenacore destaca que el coste de la energía para los suministros eléctricos de bombeo de agua es una de las principales amenazas para el sector. Hasta el año 2008 la mayoría de los usuarios de energía eléctrica se encontraban dentro de un sistema tarifario regulado, cuyo coste era asumible. A partir de ese año, el sistema tarifario cambió y los regantes han ido sufriendo incrementos en los costes de la energía, disparándose la factura más de un 120% entre 2008 y 2021. Y ello a pesar de los esfuerzos por modernizar los sistemas de riego, que han permitido producir más alimentos disminuyendo el uso de agua y energía.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “las Comunidades de Regantes son Corporaciones de Derecho Público que están sujetas al pago del IVA de sus suministros, pero que no pueden repercutirlo a sus comuneros, por lo que finalmente, el IVA pasa a ser un gasto que no pueden compensar y supone uno de los principales lastres para la competitividad del regadío, dificultando así el objetivo de seguir modernizando el casi millón de hectáreas aún pendientes”.