La Federación Nacional de Comunidades de Regantes (Fenacore) ha pedido a Hacienda un IVA reducido del 10% para el suministro de energía al regadío, después de que el Gobierno haya prorrogado las medidas fiscales para reducir la factura de la luz y de que la Unión Europea haya acordado flexibilizar la normativa sobre el IVA.

Este IVA reducido supondría un abaratamiento del 30% en la factura eléctrica de los agricultores, en el caso de que la medida se acompañara de la posibilidad de contratar dos potencias eléctricas al año, como se ha recogido recientemente en la Ley para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria.

Los regantes lamentan no poder disfrutar aún de la doble potencia debido a la inacción del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), responsable del desarrollo reglamentario de esta disposición, que ya se incluyó en la Ley de la sequía de 2018 y en la enmienda aprobada en el marco de la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021.

Para Fenacore, este ahorro supondría un balón de oxígeno para un sector que ocupa el segundo puesto de consumidores de energía en España, únicamente por detrás de ADIF, y que se encuentra asfixiado, entre otras cosas, por las diferencias entre los costes de producción y los precios de venta. Fenacore destaca que el coste de la energía para los suministros eléctricos de bombeo de agua es una de las principales amenazas para el sector. Hasta el año 2008 la mayoría de los usuarios de energía eléctrica se encontraban dentro de un sistema tarifario regulado, cuyo coste era asumible. A partir de ese año, el sistema tarifario cambió y los regantes han ido sufriendo incrementos en los costes de la energía, disparándose la factura más de un 120% entre 2008 y 2021. Y ello a pesar de los esfuerzos por modernizar los sistemas de riego, que han permitido producir más alimentos disminuyendo el uso de agua y energía.

Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “las Comunidades de Regantes son Corporaciones de Derecho Público que están sujetas al pago del IVA de sus suministros, pero que no pueden repercutirlo a sus comuneros, por lo que finalmente, el IVA pasa a ser un gasto que no pueden compensar y supone uno de los principales lastres para la competitividad del regadío, dificultando así el objetivo de seguir modernizando el casi millón de hectáreas aún pendientes”.